¡Solidaridad!

IPNUSAC

En medio de la persistente amenaza que para la salud y la vida de las personas representa la pandemia del COVID-19; en medio del empobrecimiento que para cientos de miles de guatemaltecas y guatemaltecos implicó la paralización de la economía por el confinamiento decidido para contener la expansión del contagio, y cuando el país empezaba a dar los primeros como inciertos pasos hacia una difusa “nueva normalidad”, el territorio nacional fue alcanzado por la tormenta tropical Eta.
Son conocidas las desastrosas consecuencias de Eta para decenas de personas que perdieron la vida, desaparecieron o fueron obligadas a resguardarse de la furia de la lluvia, los deslaves y las inundaciones. Municipios, comunidades y familias enteras, literalmente, perdieron todo, sus pequeños o medianos patrimonios. La economía de numerosas regiones sufrió efectos devastadores, de magnitudes aún no terminadas de ser estimadas.
Como ha sido históricamente habitual en un país como Guatemala, sempiternamente asolado por catástrofes socioambientales como ésta, la respuesta inmediata del pueblo guatemalteco se resume en una palabra: ¡solidaridad!
Solidaridad que se ha hecho sentir, de múltiples formas, en estos difíciles y aún no terminados meses de la pandemia. Tender la mano a los damnificados, reconfortar a los dolientes, llevar vituallas, abrigo y consuelo en los días de la aflicción: ¡ése es el pueblo guatemalteco!
Pero ¿y el día después? La solidaridad asistencialista tiende a agotarse: hay que sostenerla cuanto sea necesario y cuanto sea posible. Más hay que admitir la realidad de sus límites temporales y materiales; del mismo modo que debe admitirse como un hecho, lamentable, la ineficiente respuesta de las instituciones del Estado y la insensibilidad de gobernantes que han preferido el lucimiento demagógico, arrogante, antes que el real cumplimiento de responsabilidades establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala.2
La magnitud del desastre causado por la tormenta Eta pone, una vez más, al descubierto la vulnerabilidad social y ambiental de Guatemala. Ya es cada vez más larga la lista de catástrofes similares (Mitch, Stan, la erupción del volcán de Fuego, para mencionar solamente tres) y la historia se repite: el pueblo, la sociedad, se vuelcan en ayuda de los damnificados. Pero ¿qué pasa? Superada la emergencia, caen en el olvido las reflexiones sobre lo que debió hacerse para prevenir y no se hizo; de nuevo se impone la inercia de un modelo económico-social que sigue siendo depredador.
Porque, está totalmente claro, que estas catástrofes inician en factores sobre los cuales los humanos no tenemos control, pero actúan sobre condiciones creadas por la irracionalidad de ese modelo económico-social depredador; agravado por el continuo deterioro de la institucionalidad pública y su consecuente incapacidad para la prevención así como para la mitigación de unos daños que, lo hemos visto ahora, son cada vez mayores en cada evento.
El análisis responsable de estas catástrofes, desde la ciencia, enseña que ellas no son fenómenos “naturales”; ciertamente tienen como detonadores meteoros que escapan al control humano, pero cuyos efectos dependen no solo ni principalmente de la fuerza del evento, cuanto de la forma en que la sociedad está organizada y de las características que tienen sus relaciones con el ambiente. Por eso se califica estos desastres como socioambientales.
Ante la emergencia la única respuesta inmediata es la solidaridad, pero hay que superar el asistencialismo que conduce a dejar las cosas iguales o peores que antes. La solidaridad social sostenible es una que trascienda la mitigación y se enfoque hacia la responsabilidad ética de superar las condiciones sociales, económicas y políticas que propician los desastres. Debe abandonarse la cultura depredadora y avariciosa resumida en la cínica como lamentable expresión: “el que venga atrás que arree”.
La responsabilidad ética y el mandato constitucional de una institución como la Universidad de San Carlos de Guatemala es, precisamente, contribuir a buscar los caminos para construir una sociedad donde quepamos todas y todos, que atienda de manera sustentable –en primer lugar– a las grandes mayorías, para hacer viable el propósito de llegar a tener un país próspero, justo e incluyente.

 

 

 

 

Editorial edición 196