La otra epidemia

IPNUSAC

En Guatemala se han cometido tantas atrocidades, durante décadas, que más de una vez pudo pensarse en que ya se agotó la capacidad de asombro. Pero no es así. A pesar de estar tan normalizada en la cotidianidad nacional, la irracionalidad de la violencia depara, constantemente, hechos capaces de conmover a gran parte de la sociedad.
Tal es el caso de los brutales asesinatos de Hillary Saraí Arredondo de León (de tres años de edad) y de Sharon Yasmín Figueroa Arriaza (de ocho años), cometidos el 18 de enero en Tiquisate, Escuintla, y el 9 de febrero en Melchor de Mencos, Petén, respectivamente.
Más allá de la obscena manipulación amarillista de ambos casos, realizada por medios de comunicación radio-televisivos, la brutalidad con que se segó la vida de estas niñas pone al desnudo, una vez más, la gravedad de esa otra epidemia: la violencia homicida, que aqueja a Guatemala desde mucho tiempo atrás, mucho antes de que irrumpiera aquí la pandemia del COVID-19.
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
“Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
“El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como a integridad y la seguridad de la persona”…
“El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.
He aquí cuatro artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala,1 entre otros, convertidos en letra muerta al referirlos a los casos de Hillary Saraí y Sharon Yasmín, o al relacionarlos, en general, con la epidemia de violencia homicida.
Y de manera más específica, esta otra constancia de irrespeto a las leyes de la República:
El interés superior del niño, es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta Ley.
Se entiende por interés de la familia, a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la unidad e integridad de la misma y el respeto de las relaciones entre padres e hijos, cumplidos dentro del ordenamiento legal.
El Estado deberá promover y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los niños, niñas y adolescentes y de la familia.2
Ambos casos mueven a la indignación, pero de ninguna manera son hechos singulares o aislados: son manifestación de un mal endémico de irrespeto a la vida y la integridad de las personas, que en los primeros 45 días de 2021 se han ensañado precisamente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Endemia que se expresa en terribles estadísticas sobre las agresiones de que son víctimas diariamente, especialmente en el ámbito de su sexualidad.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en enero del año en curso 578 niñas, niños y adolescentes, en edades desde menos de un año hasta 19 años, fueron evaluados por médicos de la institución para determinar su afectación por cuatro tipos de agresiones: delito sexual, lesiones compatibles con maltrato, heridas por proyectil de arma de fuego y heridas por arma blanca. Es ominoso saber que una menor que no había cumplido su primer año de vida tuvo que ser evaluada por sospecha de que fue víctima de delito sexual.3 Por ese mismo tipo de agresiones debieron ser examinadas por los médicos forenses 380 niñas y adolescentes en edades de 1 a 19 años, solamente en enero pasado. En la siguiente tabla se resumen las dramáticas cifras de la violencia de la que –solamente en enero de 2021– fueron víctimas las niñas, niños y adolescentes evaluados por INACIF.
Tabla 1
Evaluaciones a niñas, niños y adolescentes
Enero 2021

Fuente: elaboración propia con datos de INACIF

A los terribles datos anteriores cabe agregar otros sistematizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), correspondientes al pasado 2020: hasta octubre de ese año el Ministerio Público (MP) había recibido 6,650 denuncias de maltrato contra niñas, niños y adolescentes; hasta septiembre la Procuraduría General de la Nación había registrado 3,311 casos de niñez desaparecida; hasta octubre el INACIF había practicado 240 necropsias en niñas, niños y adolescentes muertos por causas asociadas a hechos criminales, en tanto que el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva estimó para todo 2020 unos 52 mil 418 casos de niñas y adolescentes embarazadas.4
Dicho en forma breve y sin eufemismos, la niñez y la adolescencia guatemaltecas viven bajo condiciones de violencia estructural, que se agregan o forman parte de una situación generalizada de irrespeto a sus elementales derechos humanos.
Por eso resulta grotesco que, frente a casos como los de Hillary Saraí y Sharon Yasmín, desde las más altas autoridades del Estado se haga una utilización demagógica, sacudiendo el espantajo de la aplicación de la pena de muerte, ofreciéndola como la “solución” a la criminalidad desbocada.
La responsabilidad universitaria nos lleva a alzar la voz contra el facilismo oficial, que se ha demostrado ineficaz a lo largo de muchas décadas y es tanto como querer apagar un incendio con gasolina. La violencia homicida, la delincuencia desenfrenada y el ambiente de inseguridad generalizado, tienen causas históricas y estructurales, entre las cuales no es la menor una extendida cultura de impunidad, fomentada por las prácticas y las mentalidades contrainsurgentes dominantes en Guatemala a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Restablecer y fortalecer las capacidades institucionales de las entidades responsables de la seguridad ciudadana, promover su capacitación y tecnificación para cumplir con eficacia tareas de prevención e investigación, son algunas de las medidas de política pública que deben impulsarse, evadiendo caer en la trampa de discusiones bizantinas y distractoras de los reales problemas del país.
Una ruta distinta seguirá llevando al país al despeñadero, y mantendrá en situación de alta vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala. De nada sirven las lágrimas de cocodrilo, ni las bravuconadas a la medida del amarillismo mediático.

1. Artículos 1, 2, 3 y 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Artículo 5, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, decreto número 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala.
3. El INACIF informa que en todo 2020, un total de 4,771 niñas, niños y adolescentes debieron tener reconocimientos médicos por delito sexual; de ellos, 30 menores (cuatro varones y 26 niñas) tenían menos de un año de edad.
4. Procurador de los Derechos Humanos (2021) Informe Anual Circunstanciado de actividades y situación de los derechos humanos, 2020. Tabla 5.1. Principales indicadores de situación de los NNA en Guatemala. Págs. 128-129.

 


 

 

 

 

Editorial edición 199