Defensa de la constitucionalidad

IPNUSAC

En un comunicado de prensa suscrito por el Consejo Superior Universitario y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de fecha 7 de febrero del año en curso, el máximo órgano de gobierno de la USAC retoma, sin rodeos, la cuestión de la crisis financiera que aqueja a la universidad pública y su relación con el incumplimiento de la norma constitucional que obliga a un aporte privativo “no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico”.1
Cobijados en una interpretación tecno-burocrática y antojadiza de ese artículo constitucional, sucesivos gobiernos a través del Ministerio de Finanzas Públicas aplicaron una serie de “descuentos” o “ajustes” al concepto de “ingresos ordinarios del Estado”, que llevaron en la práctica al incumplimiento de la letra de la ley fundamental y el espíritu que animó a los constituyentes de 1985. Durante muchos años, la USAC logró sobrellevar la situación y al mismo tiempo continuar con su expansión. En 1986, primer año de vigencia de la actual CPRG, la Universidad de San Carlos tenía una matrícula de casi 50 mil estudiantes, en 2020 la población estudiantil es superior a 200 mil personas; en aquel mismo año, la USAC tenía presencia en nueve departamentos2 y actualmente tiene una cobertura nacional completa, en los 22 departamentos de la división política administrativa del país.
El crecimiento de número de estudiantes y la expansión territorial de la USAC se financió con el uso racional de los recursos asignados, manteniendo además inalterado el principio de accesibilidad a la educación pública superior, con cuotas más bien simbólicas para la gran masa del estudiantado. Este esfuerzo es también a costa de la acumulación de déficits que terminaron por hacer crisis, por lo cual, en su momento, el CSU se dirigió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que resolviera en torno al incumplimiento del Artículo 84 de la CRPG. El alto tribunal emitió una primera resolución favorable al reclamo universitario en junio de 2014, y en noviembre de 2019 la CC volvió a emitir una sentencia que en esencia insiste en que la asignación presupuestaria que se destina a la USAC debe ser calculada sin ningún tipo de “descuento” o “ajuste”, en no menos del cinco por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, tal como reza el citado artículo de la CPRG.
Puesto en la mesa del debate nacional, el justo reclamo de la USAC ha alentado voces que vuelven al socorrido argumento de la crónica insuficiencia de recursos del erario nacional, o a sacudir el “petate del muerto” de que otras instituciones del Estado harán peticiones similares a las universitarias. Ese enfoque, que navega con bandera de “realismo”, pierde de vista que la citada norma constitucional no fue un mero capricho de los constituyentes, ni siquiera una graciosa concesión de los más recalcitrantes entre ellos, sino obedece a una filosofía que atraviesa todo el texto constitucional y que está plasmado desde el preámbulo de la CPRG, en el cual los constituyentes reconocen “al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular…”3
De manera puntual, la defensa de la asignación presupuestaria del cinco por ciento para la USAC es mucho más que un regateo financiero frente a un Estado que históricamente ha sido incapaz –en interés del mantenimiento de un statu quo de injusticia y desigualdad social– de resolver de raíz sus seculares problemas hacendarios.
La lucha por el cinco por ciento para la USAC es una lucha por la constitucionalidad y por el derecho a la educación pública superior.

 

1. Asamblea Nacional Constituyente (1985) Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 84.

2. 2. Funcionaban ocho centros regionales y una extensión departamental. Véase. Universidad de San Carlos de Guatemala (1986) Memoria anual de labores, 1986. Págs. v y vi.

3. Véase. Universidad de San Carlos de Guatemala (1986) Memoria anual de labores, 1986. Página 1.


 

 

 

 

Editorial edición 178