El deslucido maquillaje macroeconómico

IPNUSAC

En círculos gubernamentales, burocráticos y empresariales se hacen tañer las campanas de un sospechoso como infundado optimismo, respecto del desempeño de la economía nacional.

Palabras más, palabras menos, el discurso oficial se resume en la idea de que, en medio de la pandemia del COVID-19, a Guatemala no le ha ido “tan mal” como a otros países. Se presenta como signo alentador el dato de que en lugar de un resultado de -3.5 por ciento (como se temía a mediados de 2020) el producto interno bruto (PIB) cerró el año pasado en -1.5 %. Algo así como reconocer que tuvimos un grave percance, pero en lugar de tener fracturas múltiples en varias partes del cuerpo, solamente se fracturaron las extremidades, superiores e inferiores.

En palabras de Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, “la economía nacional ha mostrado una alta resiliencia a los efectos provocados por la pandemia del COVID-19”.1 A su juicio “las acciones de política económica implementadas en el país en 2020, contribuyeron a mitigar los efectos negativos de la pandemia y permitirían una rápida recuperación”. El Banguat estima que durante el año en curso el PIB podría crecer en un rango de entre 2.5 % y 4.5 %, aunque sitúa la variación probable de esa tasa en 3.5 % al finalizar 2021.

Tal visión optimista fue reforzada a principios de mes por un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas de recuperación económica de los países latinoamericanos y caribeños. El PIB guatemalteco, proyecta el FMI, crecería en 4.5 %.2 El entusiasmo tecnocrático y gubernamental es compartido también en la elite empresarial: así lo indica el comportamiento del Índice de Confianza de la Actividad Económica construido por el Banguat a partir de la Encuesta de Expectativas Económicas al panel de analistas privados. En marzo último ese indicador se situó en 57.40 puntos, una franca recuperación, luego de que cayó a su nivel más bajo (32.64 puntos) en abril de 2020.3

En otras palabras, hay un discurso compartido –gubernamental, empresarial y tecnocrático– que se empeña en enfatizar que “el país podría estar peor”, visión que ratifica la conseja popular según la cual “cada quien habla de la fiesta, según le fue en ella”. En efecto, frente a la insensibilidad de ese discurso se alza la realidad del drama humano que se ha agudizado en el país. Fuentes institucionales, para nada sospechosas de sesgo ideológico, advierten sobre el costo social de la letal combinación de las crisis sanitaria, ambiental y económica. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que “para 2020, las tasas de pobreza y de pobreza extrema en Guatemala se incrementarían en aproximadamente 3.5 puntos porcentuales, como consecuencia de la contracción en la actividad económica y la reducción de los niveles de empleo”, ocurridos en el marco de la pandemia.4 La misma fuente estimó que unas 581 mil personas habrían pasado a vivir en condiciones de pobreza. La población con un ingreso por debajo de US$5.00 diarios pasaría del 51.4 % al 54.9 % a causa de la epidemia.

El BID señala que el crecimiento de la pobreza está relacionado con la pérdida de empleos y la reducción de los salarios. Como es sabido, el presidente Alejandro Giammattei se hizo eco de las opiniones empresariales y se negó a decretar el aumento de los salarios mínimos, en tanto que los costos de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta ampliada (CA) siguieron aumentando. Incluyendo el bono incentivo, con un salario mínimo nacional promedio mensual de Q2,966.41 cada trabajador no puede cubrir el 100 por ciento de la CBA y tiene un rezago de Q3,931.26 respecto del costo de la CA (salud, vivienda, transporte, educación, recreación, etc.). Ese salario mínimo promedio nacional está 57 % por debajo de lo necesario para cubrir todas las necesidades básicas.

Lo anterior en el supuesto de que los empleadores cumplan con el pago del salario mínimo, pero es de sobra sabido que con frecuencia los jornales pagados están debajo del mínimo establecido. Recuérdese que al rededor del 70 % de la población económicamente activa (PEA) se emplea en la informalidad, caracterizada por evadir el cumplimiento de lo normado legalmente. Al respecto, el BID apunta que la informalidad en Guatemala es de las más altas de Latinoamérica y el Caribe,

afectando principalmente a los indígenas (85%), trabajadores rurales (75%) y aquellos de muy bajo nivel educativo (82%). Los sectores más empleadores de la economía, como la agricultura (32% de los ocupados) y el comercio (27%), tienen elevadas tasas de informalidad (90% y 74%, respectivamente) y menor productividad. El ingreso promedio mensual de los ocupados en el sector informal es 2,2 veces menor que en el sector formal. Además, el 20% de la población ocupada percibe ingresos que la mantiene en situación de pobreza extrema.5

Tales son las realidades que el discurso hiperoptimista oficial pasa por alto y que, lejos de estar en camino de superación, se han agravado, como ya dijimos, por el efecto combinado de la crisis sanitaria, el derrumbe de la economía familiar y los desastres socioambientales recientes. La señal más clara –aunque no la única– de la gravedad de la situación es el flujo creciente de personas que, de manera silenciosa, huyen del país hacia el norte del continente. Datos recientes y confiables dan cuenta que, solamente en marzo pasado, 33 mil 866 guatemaltecos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban entrar a ese país. Junto a migrantes de México, Honduras y El Salvador, las y los guatemaltecos forman parte de una marea humana que ha desbordado todas las previsiones del nuevo gobierno estadounidense.

Altos funcionarios federales y legisladores estadounidenses –incluyendo a la vicepresidenta Kamala Harris– hablan ahora insistentemente de la necesidad de ir a las raíces del fenómeno migratorio para encontrarle otro cauce. En ese empeño, que ojalá sea persistente, pueden contar con quienes, desde hace mucho tiempo, tenemos claro que la causa primaria se encuentra en un modelo de organización económica, social y política agotado e inviable.

Tan agotado como ese discurso obtuso que rinde culto al maquillaje macroeconómico, incapaz de ver más allá de la estadística fría, deshumanizada, incapaz de reconocer el drama social en que está hundido el país.

1. Banco de Guatemala (14 de abril de 2021) Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas para 2021. Presentación de Sergio Recinos, presidente del banco central ante la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Diapositiva 3.
2. “Recuperación económica será desigual en Centroamérica, revela FMI”, Forbes Centroamérica, 7 de abril de 2021. Véase en https://forbescentroamerica.com/2021/04/07/recuperacion-economica-en-centroamerica-sera-diferenciada-tras-pandemia/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push
3. Véase, Banco de Guatemala (marzo de 2021) Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados Marzo de 2021. En https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/EEI/archivos/ENEXI2103.pdf .
4. Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Desigualdad y descontento social: cómo abordarlos desde la política pública: informe económico sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana. Reporte Macroeconómico 2020. Washington: BID. P. 84.
5. Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Documento citado. P. 86.

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